Max: El tres de leyes penales de Indonesia entró en vigor el dos de enero de dos mil veintiséis, y la mayoría de los equipos directivos ya han pasado página. Ese es exactamente el problema.
Anita: ¿Qué ha cambiado estructuralmente? Porque hay una diferencia enorme entre un cambio procedimental y uno que redefine quién puede ser imputado.
Max: Durante décadas, el derecho penal indonesio partía del principio de que una sociedad mercantil no puede cometer un delito. Ese principio ha desaparecido. El nuevo Código Penal codifica por primera vez la responsabilidad penal corporativa como principio general aplicable a todos los delitos, no solo a los contemplados en leyes sectoriales específicas. Y las multas deben pagarse en un mes desde que la sentencia es firme; si no se pagan, el fiscal puede embargar y subastar los activos de la empresa.
Anita: Eso es teoría hasta que hay un caso real. ¿Hay jurisprudencia ya?
Max: El cuatro de mayo de dos mil veintiséis, el Tribunal de Distrito de Serang aprobó el primer acuerdo de suspensión de la acusación bajo el nuevo Código Procesal Penal, en un caso de gestión de residuos peligrosos que involucra a PT Crown Steel. Es el primer DPA corporativo de Indonesia. Y el caso es de incumplimiento medioambiental, no de delito financiero, lo que amplía considerablemente el perímetro de riesgo para cualquier empresa con cadena de suministro o gestión de instalaciones en el país.
Anita: ¿Qué condiciones impone ese acuerdo de suspensión? Porque eso define qué margen tiene una empresa para negociar si llega a esa situación.
Max: La empresa debe indemnizar a las víctimas, implementar programas de cumplimiento y cooperar con el fiscal durante el período de suspensión. Si cumple, queda exenta de acusación formal. Si no cumple, el fiscal retoma la causa. Lo que esto establece es que la calidad del programa de cumplimiento de una empresa no es una formalidad de gobierno corporativo; es el activo comercial principal en cualquier negociación con el ministerio público.
Anita: Y para operaciones de fusión y adquisición, ¿qué implica esto? Porque si la responsabilidad sigue a la entidad, una adquisición mal analizada puede traer consigo exposición penal no declarada.
Max: Exactamente ese es el punto más crítico para el capital privado. El nuevo marco reconoce expresamente el concepto de responsabilidad del sucesor. Una fusión, consolidación, escisión o disolución no extingue por sí sola la responsabilidad penal. Una empresa en cartera que arrastra incumplimientos no resueltos en materia medioambiental, laboral o de proveedores transfiere esa exposición con la operación. El análisis de diligencia debida y el mapeo de exposición de responsables deben realizarse antes del cierre, no después.
Anita: Hay otros dos frentes activos esta semana, uno con plazos muy próximos. ¿Cuál presiona más a corto plazo?
Max: Para exportadores indonesios hacia la Unión Europea, el Reglamento de Deforestación europeo no admite más aplazamientos: las empresas grandes y medianas deben cumplir desde el treinta de diciembre de dos mil veintiséis. Indonesia está clasificada en el nivel de riesgo estándar, no en el nivel bajo, lo que significa que no se aplica diligencia simplificada y las obligaciones completas de trazabilidad permanecen vigentes. Además, el cuatro de mayo la Comisión Europea publicó un paquete que amplía el ámbito a derivados del aceite de palma, incluyendo jabón fabricado con aceite de palma. El período de comentarios cerró el uno de junio; las modificaciones de alcance están ahora en fase de escrutinio parlamentario.
Anita: ¿Y del lado australiano? Porque hay un plazo de certificación halal que también se acerca muy rápido.
Max: El diecisiete de octubre de dos mil veintiséis, la certificación halal pasa a ser obligatoria para todos los productos alimentarios y de bebidas importados en Indonesia. No hay extensión prevista. Los exportadores australianos deben tener sus productos certificados antes de esa fecha para acceder al mercado. El cuello de botella es operativo: los pipelines de certificación están saturados conforme se acerca el plazo, y las auditorías físicas requieren visitas de auditores indonesios, con costes de desplazamiento y alojamiento a cargo del exportador.
Anita: Y hay un tercer frente en Australia, con dos sectores regulados que cruzan sus umbrales esta misma semana.
Max: Los nuevos negocios regulados bajo la legislación antilavado australiana, incluyendo agentes inmobiliarios, abogados, contables y proveedores de activos virtuales, tienen hasta el veintinueve de julio de dos mil veintiséis para notificar a AUSTRAC el nombramiento de su responsable de cumplimiento. Los programas deben estar operativos desde el primero de julio. La inscripción sola no es el punto de llegada; activa obligaciones. El incumplimiento es un delito penal, y AUSTRAC puede imponer sanciones civiles diarias acumuladas. AUSTRAC estima que aproximadamente noventa mil nuevas empresas están dentro del ámbito, muchas de las cuales todavía tratan esto como una tarea futura.
Anita: Lo que une estos tres bloques es la misma lógica: los marcos ya están operativos, y las empresas están actuando como si el riesgo fuera todavía prospectivo. ¿Qué debe hacer un consejo de administración esta semana?
Max: El patrón de fallo común en los tres segmentos de esta semana es tratar la aplicación de la ley como un estado futuro. La trilogía penal de Indonesia entró en vigor el dos de enero de dos mil veintiséis, y la aprobación del primer DPA por el Tribunal de Serang el cuatro de mayo confirma que los fiscales están utilizando las nuevas herramientas ahora, no construyendo hacia ellas. La doctrina de que una sociedad mercantil no puede ser sujeto penal ha desaparecido; lo que la ha reemplazado sitúa la calidad del programa de cumplimiento de una empresa en el centro de la discrecionalidad del fiscal y de la elegibilidad para un DPA. Eso significa que la documentación de cumplimiento ya no es una formalidad de gobierno corporativo: es el activo comercial principal en cualquier negociación de aplicación coercitiva. Para los operadores locales, la tarea inmediata es nombrar un responsable de cumplimiento con autoridad documentada y realizar un análisis de brechas en los contratos con proveedores y distribuidores, porque una responsabilidad supervisora mal atribuida es el patrón fáctico que coloca a los directivos funcionales en el banquillo junto con la entidad. Para las multinacionales, la filial debe tratarse como una entidad sujeta al procedimiento penal, con supervisión a nivel de consejo de su gobierno corporativo documentada como si fuera a presentarse ante un tribunal de Yakarta. Para el capital privado, la responsabilidad penal no desaparece al cierre de la operación; el trabajo de diligencia debida y el mapeo de exposición de los responsables pertenecen a la fase previa a la adquisición y a los primeros cien días, y el riesgo de DPA debe incorporarse a las valoraciones de salida. PSP SignalDesk, junto con Rifdaan Novarazka y Prabowo, celebrará un taller especial de medio día sobre mapeo de responsabilidad en el código penal, la sesión de trabajo donde la exposición de responsables y la responsabilidad del sucesor se mapean a entidades reales y cadenas de gestión. Está estructurado en torno a la agenda de estructuración de operaciones y navegación regulatoria del foro de fusiones y adquisiciones transfronterizas del ocho de julio. Las invitaciones especiales llegarán próximamente; estén atentos.